La Policía Nacional ha practicado más de 20 detenciones y varios registros en Valencia y en otras provincias españolas derivadas de la causa que provocó la detención del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios. La operación la coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), encargado de este procedimiento, que continua secreto.
Según ha podido saber EL MUNDO, en la operación, los agentes de la Udef habrían arrestado a más de 20 personas entre altos cargos y empresarios de varias regiones relacionadas con el cártel del fuego en cuya orbita se situaría Castellano. Además, se habría producido el registro de varias dependencias del Departamento de Bomberos de la Generalitat Catalana. En concreto, los agentes están registrando desde media mañana el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.
Según esta información, la actuación judicial incluye un registro en la sede de la empresa Inaer, la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es la compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves. Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.
Según una nota difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha coordinado hoy un dispositivo policial de ámbito nacional en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.
La operación policial desarrollada este miércoles por el Grupo 24 de la UDEF, se ha saldado con la detención por orden del juez instructor, de dos personas. Una de ellas es un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado a disposición judicial. También hay cargos del departamento de bomberos custodiados por la Policía.
La Policía, además ha detenido a una veintena de personas y ha practicado 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se ha desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura.
Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal).
La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
La caída de Castellano
A finales de mayo de 2015, la Policía detuvo a Castellano, cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Así mismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa. Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez. Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. También se practicaron diferentes registros tanto en el domicilio de Castellano como en la sede de la conselleria o de esta mercantil. Todos ellos quedaron en libertad provisional.En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.
Denuncia del ex gerente
La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el ex gerente de Avialsa, Francisco Alandí, en la que se aludía a supuestos regalos efectuados por Huerta a Castellano relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.Esta causa dio lugar a la apertura de una investigación también por diferentes actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa que se extenderían a todo el territorio nacional y otras empresas del sector. Estas últimas pesquisas son las que han provocado las nuevas detenciones y registros realizados este miércoles, 13 de enero, ha podido saber Europa Press. Junto a esta pieza, el mismo juzgado de Valencia investiga una querella interpuesta por Avialsa contra Francisco Alandí por estafa.
