Los sobres tienen el nombre, apellido y dirección del destinatario
La
diputada Isabel Urrutia exige a Presidencia que abra una investigación
El Partido Popular ha denunciado que este jueves han aparecido tirados, junto a un contenedor de basura del centro de Santander, y a la vista de todo el mundo, sobres con "cientos de notificaciones" de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) con datos personales de los destinatarios (nombre, apellidos y dirección), unos hechos que ha calificado de "gravísimos".
La parlamentaria del PP, Isabel Urrutia, ha pedido a la Consejería de Presidencia que abra de manera inmediata una investigación para averiguar cómo una documentación "tan sensible" ha ido a parar a un contenedor y depurar responsabilidades. Además, ha exigido a la ACAT que dé una explicación a los ciudadanos. Según la diputada, esta actuación supone al menos una vulneración de la ley de protección de datos y contraviene el principio de diligencia extrema y custodia que se presupone a la administración en el manejo de la información confidencial de los ciudadanos.
"Es increíble y no tiene un pase que dejen tirados en una basura documentos con datos personales de los ciudadanos, con identificación del lugar donde viven y, lo que es peor, que cualquiera pueda llevárselos y acceder a la información tributaria", ha afirmado Urrutia, quien considera "inadmisible que ocurran cosas como esta en pleno siglo XXI".
La diputada ha explicado que "todo" el que haya pasado hoy por el contenedor de la calle Ataúlfo Argenta de Santander, muy próximo a la sede de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, ha podido ver las notificaciones "metidas en una caja junto a unas bolsas de basura con documentación e, incluso, llevárselas".
SANCIONES POR VULNERAR EL CONTRATO
En relación con estos hechos, fuentes de la Consejería de Economía han explicado a Europa Press que la empresa que gestiona los residuos de la ACAT ha "incumplido" las condiciones del contrato, que establece que los mismos deben ir a parar a depósitos especiales, no a los de basura convencionales.
Por ello, desde la Consejería y la ACAT se está estudiando con los servicios jurídicos del Gobierno regional y de la propia agencia las posibles sanciones que se pueden imponer a la empresa por esta "irregularidad" cometida en su trabajo. Según las mismas fuentes, tanto la consejera, María Sánchez, como el director de la ACAT, César Aja, están dispuestos a ser "todo lo contundentes que permita la ley" por esta "importante vulneración" del contrato por parte de la empresa.
