Los autores del atentado dejaron en el lugar panfletos pidiendo la liberación de dos anarquistas chilenos procesados en España por colocar en octubre del año pasado un artefacto explosivo en la basílica del Pilar de la ciudad de Zaragoza.
Además la policía desactivó otra bomba en las cercanías de un jardín infantil, donde también había vehículos con patente diplomática, sólo dos semanas de una detonación en un vagón vacío del tren subterráneo de Santiago.
"Estos grupos que están usando estas bombas, atentando contra la propiedad merecen el mayor castigo de la ciudadanía y de nuestro país", dijo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Respecto de si el Gobierno lo investigaría como "delito terrorista", el ministro dijo que el caso deben cumplirse ciertas condiciones desde el punto de vista jurídico.
Para la investigación de la detonación en el Metro, el Gobierno decidió invocar la llamada "ley antiterrorista", promulgada durante la dictadura del general Augusto Pinochet y criticada por grupos de derechos humanos.
